8 de febrero de 2004


REPORTAJE

El crimen de Juan Gerardi
¿Quién mató al obispo?

El asesinato del obispo guatemalteco, Juan Gerardi, es un laberinto
de personajes turbios: una mafia de ladrones de imágenes religiosas,
sacerdotes de dudosa conducta, testigos falsos, militares resentidos
con el presidente Álvaro Arzú. Desenredar esa tenebrosa madeja
les tomó tres años de investigaciones a los periodistas Bertrand de
La Grange y Maite Rico.

Álvaro Cruz Rojas
vertice@elsalvador.com
La española Mate Rico y el francés Bertrand de la Grege presentaron el libro controversial en Guatemala.

¿Bertrand de la Grange y Maite Rico se sentaron a presenciar el juicio contra cinco personas acusadas de asesinar al obispo guatemalteco, Juan Gerardi. Creían tener ante sí a los verdaderos culpables del crimen: tres militares, un extraño sacerdote y una cocinera.

Al transcurrir las audiencias, estos dos periodistas descubrieron lo que describen como “una fabricación, en la que han participado fiscales, jueces y funcionarios del gobierno de Alfonso Portillo. Y, lo que es más desconcertante, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), fundada por el propio Gerardi y querellante adhesivo en el caso”.

Ambos son los autores del libro “¿Quién mató al obispo?”, presentado en diciembre en Guatemala y que ha roto récords de venta en el vecino país. “Hemos constatado, por ejemplo, que se utilizaron testigos falsos, y que las actas del juicio fueron alteradas.

A partir de esta realidad, hemos recabado una serie de indicios que apuntan a una hipótesis muy distinta a la versión oficial: el crimen no fue tramado, como lo afirma la ODHA, por el ex presidente Álvaro Arzú y su Estado Mayor Presidencial, sino por sus enemigos políticos, con el propósito de desestabilizar al gobierno (que había firmado la paz en 1996) y allanar el camino a la victoria del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del general Efraín Ríos Montt y a su candidato, Alfonso Portillo”, aseguran los autores, en una entrevista con EL DIARIO DE HOY.

Según de la Grange y Rico, los indicios que han recabado ubican la conspiración en un sector descontento con el gobierno de Arzú, y que incluye a oficiales depurados del Ejército tras ser acusados de pertenecer a la llamada Red Moreno, una organización vinculada al contrabando y al crimen organizado. Estos oficiales tenían relaciones con el FRG, el partido de Portillo.

El obispo gerardi es descrito en el libro como un hombre alegre que le gustaba el fútbol y la buena comida
Gerardi, según los autores, decía que la teología de la liberación era “una pendejada” inútil

“Pero el complot no incluye únicamente el asesinato, sino que abarca también la manipulación del proceso para desviar la investigación y señalar a los culpables”, agregan.

Según el libro, en este proceso de manipulación, cuentan con la inestimable ayuda de los colaboradores del obispo Gerardi, que protegen y presentan testigos falsos. Dos “herederos” del obispo, Ronalth Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), y Edgar Gutiérrez, terminan como funcionarios del FRG (el primero como embajador, y el segundo, como jefe de los servicios civiles de inteligencia y luego canciller).

Los dos periodistas empezaron a sospechar de la versión oficial por “la falta de lógica” de la acusación.

La versión oficial, sostenida por la Fiscalía y por la ODHA, es que el Estado Mayor Presidencial de Arzú mata a Gerardi en venganza por el informe de derechos humanos que acababa de presentar. Los militares de confianza de Arzú habían sido escogidos, precisamente, por su “currículum” limpio: eran oficiales con formación universitaria, sin trayectoria guerrera y sin antecedentes de abusos: es decir, el informe de Gerardi no les afectaba para nada.

Un “golpe” político

Por otro lado, la paz era la gran carta de presentación del gobierno, y la popularidad de Arzú y de su grupo, el Partido de Avanzada Nacional, era muy alta. Es obvio que el asesinato golpea de lleno al gobierno, y que Arzú y su equipo se convierten en las víctimas políticas del caso.

Según los periodistas, con el asesinato de Gerardi, se logran tres objetivos: en primer lugar, se pone en cuestión la “pacificación” del país, principal logro del gobierno; en segundo lugar, se despiertan sospechas sobre el Ejército, como institución, lo que salpica inevitablemente a la cúpula militar de Arzú y al propio presidente, como jefe de las fuerzas armadas. En tercer lugar, se ajustan las cuentas con la Iglesia, por el apoyo que algunos religiosos dieron a la guerrilla en los años ochenta.

El libro fue un éxito de librería en la capital Guatemalteca. Una segunda edición está en caminio

“Nosotros pensamos que la banda Valle del Sol es utilizada como ‘mano de obra’ para ejecutar el crimen. Esa banda, que por cierto tiene ramificaciones por toda Centroamérica, incluido El Salvador, se dedicaba a los atracos bancarios, secuestros, robo de arte religioso y trabajos como sicarios”, aseguran.

Entre los miembros de la banda, estaba Ana Lucía Escobar, hija de monseñor Efraín Hernández, el todopoderoso canciller de la curia y amigo de Gerardi. En el caso termina detenido también el cura Mario Orantes, auxiliar de Gerardi en la parroquia San Sebastián, a quien los autores califican como “una de las grandes incógnitas del caso”.

“Él estaba presente cuando asesinan a Gerardi: el cadáver del obispo presenta, incluso, mordeduras del pastor alemán de Orantes”, dicen los autores.

De la Grange y Rico sostienen en su libro que el cura incurrió en contradicciones insalvables y alteró la escena del crimen antes de la llegada de la policía, que fue avisada tres horas después del asesinato.

Un crimen misterioso
El 24 de abril de 1998, el obispo auxiliar de la capital guatemalteca era asesinado a una cuadra del Palacio Nacional, en el zaguán de su casa. Desde el inicio, el crimen estuvo lleno de misterios.

El cuerpo de Juan Gerardi yace en la entrada de la casa parroquial de la Iglesia San Sebastián, en la capital guatemalteca.

Los cuatro condenados: Byron Miguel Lima Oliva,el sacerdote Mario Orantes Nájera, Byron Disrael Lima Estrada y el ex oficial José Obdulio Villanueva, éste último asesinado en la prisión.

Alfonso Portillo concluyó su periodo el 14 de enero pasado, dejando un legado de corrupción e impunidad. El libro lo acusa de fabricar el caso Gerardi.

Álvaro Arzú era el presidente de Guatemala al momento del crimen. Un gobernante que depuró el ejército y firmó los acuerdos de paz con la guerrilla.

“De Orantes, que por cierto era amigo de Ana Lucía Escobar, se puede decir, cuando menos, que está encubriendo. Si hablara, se resolvería el crimen. Pero ha mantenido silencio durante todo este tiempo, y ha contado con el apoyo de la jerarquía eclesial, lo que le ha permitido pasar tres años no en la cárcel, sino en un hospital religioso, aquejado de migraña”, agregan los autores.

De la Grange y Rico sostienen que el mayor obstáculo sufrido durante la investigación periodística que termina conformando el libro, fue el acceso a la información.

“Por intereses, o por miedo, nos encontramos con muchas resistencias. Nos llevó mucho tiempo dar con los interlocutores clave y labrarnos su confianza”, afirman.

“Otro gran obstáculo ha sido el “consenso” que existía alrededor de la versión oficial. La comunidad internacional, más que todo la misión de Naciones Unidas y los embajadores de Estados Unidos y Suecia, “compraron” la historia con los ojos cerrados y avalaron un proceso viciado, dando muestras de una tremenda irresponsabilidad”, señalan.

“Non gratos”


Los periodistas sufrieron intimidaciones durante su investigación y tuvieron que salir de Guatemala. Tras la publicación del libro, se lanzó una campaña de descrédito en contra de la pareja.

El libro describe a Gerardi como una persona que gozaba la vida: le encantaba la buena comida, la música, el fútbol, los chistes, estar con su familia... Ni aspiraba al martirio, ni era un amargado, ni un radical.

“Era un sacerdote tradicional en términos pastorales, aunque en privado mostraba bastante apertura hacia temas como el control de la natalidad, por ejemplo. No es cierto que fuera partidario de la teología de la liberación: llegó a decir que eso era ‘una pendejada que no había servido para nada’. Él seguía la línea de la doctrina social de la Iglesia”, aseguran.

Rico y de la Grange describen el caso como “complicado y truculento, con tantos intereses, que vemos difícil que pueda llegarse al fondo”.

“En una situación normal, esperaríamos que el libro provocara la liberación de los condenados (incluido el padre Orantes, que fue condenado con un falso testigo), la revisión del proceso, y el castigo de los abogados, jueces y fiscales que manipularon el expediente”, afirman.

A los autores les resultó “decepcionante que la prensa guatemalteca” en lugar de dar seguimiento a los elementos aportados en el libro “se dedica únicamente a reproducir las protestas de la ODHA”.

“Obviamente algo anda muy mal por ahí. Otra cosa es la opinión pública, que obviamente desconfía de la versión oficial. El mejor indicio es que la primera edición del libro se agotó en dos días”, agregan.

De La Grange y Rico han sido corresponsales de los diarios Le Monde (Francia) y El País (España) y han vivido durante años en Centroamérica y México. Ambos escribieron también el libro “Marcos, la genial impostura”.
“Nuestros libros son el resultado de investigaciones serias.

Ese proceso de ‘hurgar’, de ir al fondo de las cosas, nos ha conducido, en ambos casos, a derribar mitos y mentiras creados al calor de la corrección política, esa nueva plaga que invade universidades, medios de comunicación y círculos intelectuales”, afirman.




 


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