Martes 26 de octubre


A juicio dos por el escándalo en FONAVIPO

El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ordenó ayer la detención de Alfonso Hernández y Gerbert Rivas, empleados de la Asociación Salvadoreña de Promoción, Capacitación y Desarrollo (PROCADES), por el delito de falsedad ideológica en un proceso judicial abierto por una presunta estafa contra FONAVIPO, la cual asciende a 40 millones de colones.

El Diario de Hoy

Además, el tribunal ordenó liberar a Margarita Ávila Flamenco, José Rubén Guardado Velásquez, José Luis Torres Pineda y Juan Francisco Cáceres Novoa, acusados del delito de estafa.

También reiteró la petición de captura contra la directora de la entidad no oficial, Margarita Cáceres de Novoa, y pidió a la Fiscalía investigar, aunque no de manera penal, a los ex directivos de FONAVIPO, encabezados por Carolina Afane.

El juez Sidney Blanco, titular del tribunal, pidió también al fiscal general, Pedro Avalos, investigar a los fiscales que realizaron las indagaciones en el caso, cuyos nombres no proporcionó, por no haber abierto expedientes contra los miembros de la anterior Junta Directiva de FONAVIPO.

Blanco ordenó detener a los contadores de PROCADES, por haber elaborado "balances falsos" a favor de la Organización No Gubernamental, los cuales sirvieron para que FONAVIPO desembolsara dinero para inexistentes proyectos habitacionales.

El funcionario declaró "rebelde" a la directora de PROCADES y miembro de la anterior Junta Directiva de FONAVIPO.

Blanco también pidió al fiscal general que investigue la "conducta" de Afane y de los ex miembros de la Junta Directiva de FONAVIPO, por una supuesta "convivencia" con PROCADES, a través de Cáceres de Novoa.

Blanco pidió a la Fiscalía que determine si "amerita" proceso penal contra los fiscales del caso, por el delito de "omisión de investigación", ya que no se profundizó en las pesquisas, principalmente sobre las actuaciones de la ex Junta Directiva de FONAVIPO.

Según las investigaciones, PROCADES, un organismo que no tenía liquidez financiera para solicitar créditos, pidió a la institución estatal, entre 1993 y 1997, 40 millones de colones para la ejecución de falsos proyectos habitacionales, los cuales fueron concedidos por la Junta Directiva de FONAVIPO, encabezada por Afane.


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