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Defensa. La ex representante de OBC dice que
nada tiene que ver en la captación ilegal de fondos que hizo
OBC después venderla a Julio Villatoro. Foto
EDH |
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com
La corredora fue vendida a Julio Villatoro, por la familia Sandoval,
el 5 de junio de 2000.
La Fiscalía ha asegurado que investiga desde la anterior administración,
aunque reconoce que sólo ha hallado fallas administrativas, no
constitutivas de delito.
Lorena de Sandoval conversó con El Diario de Hoy, para aclarar
que nada tienen que ver con el fraude, porque ellos ya habían vendido
la corredora cuando se produjo.
Explicó que, por el contrario, han demandado a Julio Villatoro,
porque éste siguió utilizando documentos firmados por Lorena
de Sandoval.
De Sandoval sostiene que si hubo anormalidades mientras ellos fueron dueños
de OBC, fueron de tipo administrativo, y que no hay razón para
vincularlos al fraude, pues judicialmente se ha establecido que el fraude
sucedió en la posterior administración.
Lorena de Sandoval también explica que el nombre Emilio Zapata
era sólo un código para uso interno y no como ha sostenido
Sonia Margarita Soriano de Torres, que era un nombre para sacar dineros
de los inversionistas.
¿Ustedes (familia Sandoval) son investigados por la Fiscalía?
Primero hay que señalar que la nueva administración (Julio
Villatoro) siguió utilizando contratos, en donde aparecían
mis datos generales como representante legal de la casa corredora, aunque,
obviamente, como yo ya no tenía ninguna relación con la
casa corredora, yo no firmaba esos contratos, sino que le ponían
por y firmaba otra persona. Es una de las razones por las
que nos han estado mencionando.
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Otra cosa es que quieran hacernos un juicio
público de cómo administramos una empresa. Fue Villatoro
quien captó fondos ilegalmente Foto
EDH |
Adicionalmente hay una querella, presentada por una afectada, por 11
mil dólares, en donde dicen que aparecía un cheque como
si se le hubiera entregado a él el dinero en el año 2000.
Nuestro abogado vio ese cheque, el cual ya está en manos de la
Fiscalía y tiene fecha de 2002. Por tanto, ya no tenemos nada que
ver en eso.
Hay 25 ó 27 certificados originales, algunos firmados por usted,
que nunca fueron invertidos en la Bolsa, según dicen los afectados.
La Superintendencia de Valores (Superval) ha dicho que es firma auténtica
¿Qué dicen de esto?
Si hay firma auténtica mía, tienen que haber sido inversiones
hechas antes del año 2000, y si fue hecha antes del año
2000, cuando nosotros vendimos la casa, todas las inversiones que recibimos
se hicieron en la Bolsa y eso lo puede certificar la Superval. No puede
decir lo contrario, porque nosotros todos los dineros que recibimos de
los inversionistas se manejaban dentro de la bolsa.
A junio (6), cuando nosotros vendimos, esos clientes estaban registrados
legalmente en la casa y estaban en una operación totalmente legal.
Hay una querella contra usted ¿Cómo se explica eso?
Ése es un cliente que entró como inversionista, como todos
los demás. Su dinero se invirtió de acuerdo a los procedimientos
establecidos. Y él, en la querella, dice que continuó recibiendo
sus intereses hasta 2004. Pero consta cómo le sacaron un cheque
en el año 2000.
Hemos verificado eso. En la Fiscalía está un cheque con
fecha 2002. Cualquier irregularidad cometida contra este señor
fue en la administración del señor Villatoro y no en la
nuestra.
¿Cómo explica el código especial Emilio Zapata?
Ése era un código que usábamos internamente, para
identificar operaciones de reporto que se hacían con títulos
que estaban disponibles para vender.
En ese tiempo (cuando crearon esa cuenta) sólo había títulos
a cinco años plazo. Y los inversionistas estaban acostumbrados
a los depósitos a plazo a seis meses. En ese tiempo aún
se trabajaba con colones.
Entonces el inversionista no quería comprometerse a cinco años
por temor a la devaluación.
Entonces, con el objetivo de darle un mejor servicio al cliente, cuando
un inversionista tenía un título de cinco años y
quería venderlo antes de que se le venciera, llegaba a la casa
corredora; nosotros, si no se podía vender inmediatamente, lo que
hacíamos era utilizar la operación de reporto bajo ese código.
Ese código nos permitía identificar que era un título
que estaba disponible para un nuevo inversionista que quisiera llegar
a la casa corredora. Así es como funcionaba esa operación.
Así como se le puso ese nombre, que no era una persona, se le pudo
haber puesto XYZ o 123.
¿La Superval no sabía de ese nombre?
Ellos no sabían. Digamos que nunca se les informó formalmente,
porque era un mecanismo interno que teníamos en la casa corredora,
pero no había ningún movimiento, ninguna salida de dinero
de la casa bajo es código.
¿La Superval asegura que ésa fue una grave falta?
Nosotros pudimos haberle puesto, que era el nombre un poco más
lógico, que fuera cartera provisional. Pero no usamos ese nombre
porque la ley, en una reforma que se hizo en el año 99 ó
98, si no me equivoco, la ley nos obligó a sacar los excedentes
de títulos de la cartera y manejarlos bajo el nombre de cartera
provisional. Pero eso estaba controlado por la Superintendencia y para
no confundirlos con esos títulos, es que se puso ese nombre (Emilio
Zapata).
Todos los corredores de la casa conocían eso, porque eran los títulos
que ellos ofrecían a nuevos inversionistas; no era una cosa ilegal.
Y otra cosa muy importante es que jamás salió un cheque
con ese nombre, porque no era un cliente. Era realmente un código
de control interno.
A la Superval le preocupa, dice, ese código, porque así
como en principio se creyó que era una persona natural, en la administración
de ustedes hubo inversionistas de los que ustedes no informaban todos
los datos. Y por eso fueron sancionados de varias maneras.
Aquí caemos nuevamente en que hay que ubicarnos en el tiempo en
que estas anomalías administrativas se dieron. Es hasta que entra
en vigencia la ley del mercado cuando las casas tenemos la obligación
de quedarnos con copia de todos los documentos de los inversionistas.
Antes de esa reforma, sí verificábamos la identidad de los
inversionistas, pero no teníamos la obligación legal de
quedarnos con toda la documentación. Todo eso es parte del proceso
al que nos fuimos adaptando, apegados a las nuevas regulaciones.
En las notas de auditoría externa aparecen faltas como, por ejemplo,
que no se proporcionaba toda la información de los inversionistas,
que la pignoración (inversión) de carteras estaban muy excedidas,
que no amortizaban los gastos de depreciación... ¿Por qué?
Todas esas son observaciones normales de los auditores.
Con la pignoración de cartera, hay que ubicarnos en el momento
que estábamos. En el 98 hubo reformas a la ley del mercado prohibiendo
que los bancos invirtieran en operaciones de administración de
carteras.
Cuando un banco se salía, esos títulos se reportaban, o
sea, se pignoraban; entonces, cuando viene esa prohibición, obviamente
esos títulos ahí estaban, pues hablamos de que eran títulos
a cinco años de plazo.
Entonces nosotros, en cumplimiento de la ley es que se crea la cartera
provisional y se empiezan a hacer esas pignoraciones.
Según los estados financieros en el momento del cierre de OBC,
ustedes le debían $334 mil, deudas contraídas durante su
administración
¿Los préstamos a partes relacionadas no son prohibidos
por la ley?
Hay que aclarar varias cosas. Primero es que todas esas operaciones entre
empresas relacionadas se hicieron antes de que vendiéramos. Eran
operaciones normales entre empresas pertenecientes al mismo grupo.
Esto se da en cualquier grupo que tenga varias empresas, siempre hay operaciones
relacionadas. Otro aspecto importante es que esas operaciones eran con
patrimonio de la empresa, no con dinero de los inversionistas.
En esto, la Superval verificaba que se manejara separado lo que era los
dineros de los inversionistas y lo que era el dinero proveniente de los
ingresos de la casa.
Con esto, lo que queremos decir es que tiene mucho menos que ver con lo
que se ha de haber hecho posteriormente, porque era operación con
patrimonio propio y antes de la venta.
Además de eso, hubo un acuerdo, en el momento de vender, de que
esas cuentas se iban a liquidar. Era parte del acuerdo de la venta. Villatoro
no cumplió con eso y nosotros estamos haciendo los cobros por la
vía judicial.
¿Villatoro les debía a ustedes?
Sí. Había un convenio de servicios que era el que iba a
servir para liquidar la casa y todo eso estaba desde antes de la venta.
No fue nada posterior.
¿Parece que hay una prohibición en el Código de
Comercio de hacer préstamos a partes relacionadas?
Entiendo que esa prohibición es para los bancos. De esto (los préstamos),
la Superintendencia tenía toda la información de esas cuentas.
Se les trasladó cuando lo requirieron. Ahí están
los balances, prueba de que no había nada ilegal.
En todos los informes financieros de la administración Villatoro,
incluso, dos o tres años antes de que ustedes vendieran OBC, esos
prestamos siguieron apareciendo en los informes.
¿Por qué la Superintendencia ordenó que las pusieran
como incobrables y que se amortizara esa deuda?
Precisamente porque había un acuerdo con el nuevo comprador que
esas cuentas se iban a liquidar, si no, él pudo haber cobrado eso,
pero había una cuenta por cobrar registrada en nuestras empresas
a OBC. Él no lo hizo, no sé por qué.
Algo que hay que aclarar es que esa cuenta se construye con abonos y débitos
durante un periodo aproximado de cuatro años, no es que se haya
sacado un cheque por la totalidad de los 334 mil de una sola vez.
Hay que recordar que mientras nosotros tuvimos a OBC, tenía buena
publicidad. La casa era de muy buena imagen, de hecho, en todo el mercado
creo que era la cuarta o la quinta posicionada, durante nuestra administración.
La Superval les puso multas.
¿Hay unas que no las pagaron y mandaron un informe a la Fiscalía
para que la hiciera efectiva?
Yo recuerdo que si acaso, una o dos veces nos pusieron multas. No recuerdo
que hayamos tenido montón de multas.
Siempre cumplimos todos los requerimientos, todas las solicitudes, todas
las resoluciones que la Superintendencia nos mandaba. Si no, nos hubieran
cerrado la casa.
Los afectados dicen que, después de ver que en su administración
hubo anomalías, no pueden menos que pensar que la Superintendencia
los trató con paños tibios.
¿Cuál es su respuesta a esa inferencia?
Ellos no nos trataron con paños tibios. Nos mandaban cartas donde
nos solicitaban que tomáramos acción, y nosotros respondíamos
y tomábamos acción sobre lo que nos pedía. Lo mismo
que hicieron con nosotros hacían con el resto de casas corredoras.
Siempre me sentí totalmente supervisada por la Superintendencia.
Siempre sentí la presión.
Perfil
Lorena Koberg de Sandoval, actual directora de la Fundación Bienestar
Policial, fundó junto a su esposo, Mauricio Sandoval, la corredora
Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) en 1992. Mauricio
Sandoval fue su primer director. Cuando en 1999 Sandoval es nombrado director
de la policía, Lorena Koberg toma las riendas de OBC hasta que
es vendida el 5 de junio de 2000.

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