Lorena de Sandoval: “No tuvimos problemas legales”

Lorena de Sandoval dice que no tiene nada que ver con la defraudación que Julio Villatoro hizo al frente de OBC, sino que éste falsificó documentos para implicarlos. Ella y su esposo, Mauricio Sandoval, vendieron la corredora en 2000, explica. Desde entonces quedó en manos de Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, quien ahora es prófugo de la justicia.

Publicada 9 de julio 2005 , El Diario de Hoy

Defensa. La ex representante de OBC dice que nada tiene que ver en la captación ilegal de fondos que hizo OBC después venderla a Julio Villatoro. Foto EDH

El Diario de Hoy
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La corredora fue vendida a Julio Villatoro, por la familia Sandoval, el 5 de junio de 2000.

La Fiscalía ha asegurado que investiga desde la anterior administración, aunque reconoce que sólo ha hallado fallas administrativas, no constitutivas de delito.

Lorena de Sandoval conversó con El Diario de Hoy, para aclarar que nada tienen que ver con el fraude, porque ellos ya habían vendido la corredora cuando se produjo.

Explicó que, por el contrario, han demandado a Julio Villatoro, porque éste siguió utilizando documentos firmados por Lorena de Sandoval.

De Sandoval sostiene que si hubo anormalidades mientras ellos fueron dueños de OBC, fueron de tipo administrativo, y que no hay razón para vincularlos al fraude, pues judicialmente se ha establecido que el fraude sucedió en la posterior administración.

Lorena de Sandoval también explica que el nombre Emilio Zapata era sólo un código para uso interno y no como ha sostenido Sonia Margarita Soriano de Torres, que era un nombre para sacar dineros de los inversionistas.

¿Ustedes (familia Sandoval) son investigados por la Fiscalía?

Primero hay que señalar que la nueva administración (Julio Villatoro) siguió utilizando contratos, en donde aparecían mis datos generales como representante legal de la casa corredora, aunque, obviamente, como yo ya no tenía ninguna relación con la casa corredora, yo no firmaba esos contratos, sino que le ponían “por” y firmaba otra persona. Es una de las razones por las que nos han estado mencionando.

“Otra cosa es que quieran hacernos un juicio público de cómo administramos una empresa. Fue Villatoro quien captó fondos ilegalmente” Foto EDH

Adicionalmente hay una querella, presentada por una afectada, por 11 mil dólares, en donde dicen que aparecía un cheque como si se le hubiera entregado a él el dinero en el año 2000.
Nuestro abogado vio ese cheque, el cual ya está en manos de la Fiscalía y tiene fecha de 2002. Por tanto, ya no tenemos nada que ver en eso.

Hay 25 ó 27 certificados originales, algunos firmados por usted, que nunca fueron invertidos en la Bolsa, según dicen los afectados. La Superintendencia de Valores (Superval) ha dicho que es firma auténtica

¿Qué dicen de esto?

Si hay firma auténtica mía, tienen que haber sido inversiones hechas antes del año 2000, y si fue hecha antes del año 2000, cuando nosotros vendimos la casa, todas las inversiones que recibimos se hicieron en la Bolsa y eso lo puede certificar la Superval. No puede decir lo contrario, porque nosotros todos los dineros que recibimos de los inversionistas se manejaban dentro de la bolsa.

A junio (6), cuando nosotros vendimos, esos clientes estaban registrados legalmente en la casa y estaban en una operación totalmente legal.

Hay una querella contra usted ¿Cómo se explica eso?

Ése es un cliente que entró como inversionista, como todos los demás. Su dinero se invirtió de acuerdo a los procedimientos establecidos. Y él, en la querella, dice que continuó recibiendo sus intereses hasta 2004. Pero consta cómo le sacaron un cheque en el año 2000.

Hemos verificado eso. En la Fiscalía está un cheque con fecha 2002. Cualquier irregularidad cometida contra este señor fue en la administración del señor Villatoro y no en la nuestra.

¿Cómo explica el código especial Emilio Zapata?

Ése era un código que usábamos internamente, para identificar operaciones de reporto que se hacían con títulos que estaban disponibles para vender.

En ese tiempo (cuando crearon esa cuenta) sólo había títulos a cinco años plazo. Y los inversionistas estaban acostumbrados a los depósitos a plazo a seis meses. En ese tiempo aún se trabajaba con colones.

Entonces el inversionista no quería comprometerse a cinco años por temor a la devaluación.
Entonces, con el objetivo de darle un mejor servicio al cliente, cuando un inversionista tenía un título de cinco años y quería venderlo antes de que se le venciera, llegaba a la casa corredora; nosotros, si no se podía vender inmediatamente, lo que hacíamos era utilizar la operación de reporto bajo ese código.

Ese código nos permitía identificar que era un título que estaba disponible para un nuevo inversionista que quisiera llegar a la casa corredora. Así es como funcionaba esa operación.
Así como se le puso ese nombre, que no era una persona, se le pudo haber puesto XYZ o 123.

¿La Superval no sabía de ese nombre?

Ellos no sabían. Digamos que nunca se les informó formalmente, porque era un mecanismo interno que teníamos en la casa corredora, pero no había ningún movimiento, ninguna salida de dinero de la casa bajo es código.

¿La Superval asegura que ésa fue una grave falta?

Nosotros pudimos haberle puesto, que era el nombre un poco más lógico, que fuera cartera provisional. Pero no usamos ese nombre porque la ley, en una reforma que se hizo en el año 99 ó 98, si no me equivoco, la ley nos obligó a sacar los excedentes de títulos de la cartera y manejarlos bajo el nombre de cartera provisional. Pero eso estaba controlado por la Superintendencia y para no confundirlos con esos títulos, es que se puso ese nombre (Emilio Zapata).

Todos los corredores de la casa conocían eso, porque eran los títulos que ellos ofrecían a nuevos inversionistas; no era una cosa ilegal. Y otra cosa muy importante es que jamás salió un cheque con ese nombre, porque no era un cliente. Era realmente un código de control interno.

A la Superval le preocupa, dice, ese código, porque así como en principio se creyó que era una persona natural, en la administración de ustedes hubo inversionistas de los que ustedes no informaban todos los datos. Y por eso fueron sancionados de varias maneras.
Aquí caemos nuevamente en que hay que ubicarnos en el tiempo en que estas anomalías administrativas se dieron. Es hasta que entra en vigencia la ley del mercado cuando las casas tenemos la obligación de quedarnos con copia de todos los documentos de los inversionistas.

Antes de esa reforma, sí verificábamos la identidad de los inversionistas, pero no teníamos la obligación legal de quedarnos con toda la documentación. Todo eso es parte del proceso al que nos fuimos adaptando, apegados a las nuevas regulaciones.

En las notas de auditoría externa aparecen faltas como, por ejemplo, que no se proporcionaba toda la información de los inversionistas, que la pignoración (inversión) de carteras estaban muy excedidas, que no amortizaban los gastos de depreciación... ¿Por qué?

Todas esas son observaciones normales de los auditores.

Con la pignoración de cartera, hay que ubicarnos en el momento que estábamos. En el 98 hubo reformas a la ley del mercado prohibiendo que los bancos invirtieran en operaciones de administración de carteras.

Cuando un banco se salía, esos títulos se reportaban, o sea, se pignoraban; entonces, cuando viene esa prohibición, obviamente esos títulos ahí estaban, pues hablamos de que eran títulos a cinco años de plazo.

Entonces nosotros, en cumplimiento de la ley es que se crea la cartera provisional y se empiezan a hacer esas pignoraciones.

Según los estados financieros en el momento del cierre de OBC, ustedes le debían $334 mil, deudas contraídas durante su administración

¿Los préstamos a partes relacionadas no son prohibidos por la ley?

Hay que aclarar varias cosas. Primero es que todas esas operaciones entre empresas relacionadas se hicieron antes de que vendiéramos. Eran operaciones normales entre empresas pertenecientes al mismo grupo.

Esto se da en cualquier grupo que tenga varias empresas, siempre hay operaciones relacionadas. Otro aspecto importante es que esas operaciones eran con patrimonio de la empresa, no con dinero de los inversionistas.

En esto, la Superval verificaba que se manejara separado lo que era los dineros de los inversionistas y lo que era el dinero proveniente de los ingresos de la casa.

Con esto, lo que queremos decir es que tiene mucho menos que ver con lo que se ha de haber hecho posteriormente, porque era operación con patrimonio propio y antes de la venta.
Además de eso, hubo un acuerdo, en el momento de vender, de que esas cuentas se iban a liquidar. Era parte del acuerdo de la venta. Villatoro no cumplió con eso y nosotros estamos haciendo los cobros por la vía judicial.

¿Villatoro les debía a ustedes?

Sí. Había un convenio de servicios que era el que iba a servir para liquidar la casa y todo eso estaba desde antes de la venta. No fue nada posterior.

¿Parece que hay una prohibición en el Código de Comercio de hacer préstamos a partes relacionadas?

Entiendo que esa prohibición es para los bancos. De esto (los préstamos), la Superintendencia tenía toda la información de esas cuentas. Se les trasladó cuando lo requirieron. Ahí están los balances, prueba de que no había nada ilegal.

En todos los informes financieros de la administración Villatoro, incluso, dos o tres años antes de que ustedes vendieran OBC, esos prestamos siguieron apareciendo en los informes.

¿Por qué la Superintendencia ordenó que las pusieran como incobrables y que se amortizara esa deuda?

Precisamente porque había un acuerdo con el nuevo comprador que esas cuentas se iban a liquidar, si no, él pudo haber cobrado eso, pero había una cuenta por cobrar registrada en nuestras empresas a OBC. Él no lo hizo, no sé por qué.

Algo que hay que aclarar es que esa cuenta se construye con abonos y débitos durante un periodo aproximado de cuatro años, no es que se haya sacado un cheque por la totalidad de los 334 mil de una sola vez.

Hay que recordar que mientras nosotros tuvimos a OBC, tenía buena publicidad. La casa era de muy buena imagen, de hecho, en todo el mercado creo que era la cuarta o la quinta posicionada, durante nuestra administración.

La Superval les puso multas.

¿Hay unas que no las pagaron y mandaron un informe a la Fiscalía para que la hiciera efectiva?

Yo recuerdo que si acaso, una o dos veces nos pusieron multas. No recuerdo que hayamos tenido montón de multas.

Siempre cumplimos todos los requerimientos, todas las solicitudes, todas las resoluciones que la Superintendencia nos mandaba. Si no, nos hubieran cerrado la casa.

Los afectados dicen que, después de ver que en su administración hubo anomalías, no pueden menos que pensar que la Superintendencia los trató con paños tibios.

¿Cuál es su respuesta a esa inferencia?

Ellos no nos trataron con paños tibios. Nos mandaban cartas donde nos solicitaban que tomáramos acción, y nosotros respondíamos y tomábamos acción sobre lo que nos pedía. Lo mismo que hicieron con nosotros hacían con el resto de casas corredoras.

Siempre me sentí totalmente supervisada por la Superintendencia. Siempre sentí la presión.

Perfil

Lorena Koberg de Sandoval, actual directora de la Fundación Bienestar Policial, fundó junto a su esposo, Mauricio Sandoval, la corredora Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC) en 1992. Mauricio Sandoval fue su primer director. Cuando en 1999 Sandoval es nombrado director de la policía, Lorena Koberg toma las riendas de OBC hasta que es vendida el 5 de junio de 2000.