Diputados reiteran compromiso con periodistas
Flores se opone a la caja mutual

El Presidente considera que la Ley atenta contra la independencia del ejercicio periodístico.

El diputado del CDU, Fernando González, muestra apuntes al periodista César Castro durante la sesión de la Comisión. Foto Omar Carbonero

“¡Esto es la donación del Estado a los periodistas!”, dijo el pedecista Mauricio Hernández al finalizar la sesión de la Comisión de Trabajo.

El comentario del legislador, en cierta forma, es el correcto, pues ayer se acordó que se aprobará en la sesión plenaria de hoy la Ley del Régimen de Previsión y Seguridad Social del Periodista.

Con esto, el Estado, o más bien el gobierno, estará obligado a aportar un capital semilla de $685,714.29 para que las asociaciones de comunicadores constituyan una caja mutual.

Idea que el Presidente de la República, Francisco Flores, no comparte del todo, pues teme que el gremio pierda la independencia que la profesión exige.

“¡Me parece inconveniente (...)! No caigan en una relación de dependencia con los fondos públicos. El Ejecutivo no está de acuerdo en transferencias de ese tipo”, dijo ayer el mandatario ante un grupo de periodistas.

Lo que para Flores pueda no ser conveniente, sin embargo, lo es para los diputados que comprometieron su palabra con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), grupo que elaboró el proyecto y ha demandado su aprobación ante la Asamblea Legislativa.

La APES denunció ayer al director general de El Diario de Hoy, Enrique Altamirano, y al gerente de información, Lafitte Fernández, de realizar “una campaña difamatoria” por haber criticado los favores solicitados a políticos para pedir fondos estatales.

Vacíos legales

Los diputados no repararon en algunos vacíos que tiene la normativa.

Así, un consejo directivo administrará la caja mutual. La ley dice que tendrá un presidente, pero no establece cuál de sus miembros.

La integración del consejo hace suponer que APES llevará la batuta, pues será la única asociación con dos miembros en esa directiva. El presidente podrá trabajar a tiempo completo y tener un salario, aunque no establecieron, ni siquiera, la cantidad máxima.

Lo que sí acordaron es que los otros miembros tendrán una dieta de $148 mensuales, que equivale al salario mínimo de la industria.

Otro punto que pasó por alto es de cuánto será el porcentaje de las cotizaciones que pagarán los afiliados.

Esos requisitos de afiliación se regularán en el reglamento que el consejo elaborará, en un plazo no mayor de 90 días a partir de la vigencia de la ley, y que debe someter a consideración de la asamblea general, formada por los periodistas inscritos.

En el reglamento se establecerá la fecha en que la caja mutual comenzará a funcionar. Antes, una comisión provisional se encargará de conformar el consejo.

APES presidirá ese ente. A pesar que existen cinco asociaciones más de periodistas, sólo ese gremio participará en esa fase. Los otros dos integrantes representarán a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda.

Las reglas

La ley que crea la Caja Mutual para los periodistas tiene el apoyo de todas las fracciones.

Dos partes

El gobierno pagará su aporte en dos cuotas, al principio de cada semestre del año.

Discreción

La caja puede suspender el servicio en caso que el consejo declare falta de liquidez económica.

Mínimo de 75

El consejo directivo lo integrará un representante de cada asociación de periodistas que exista o pueda existir, y que tenga un mínimo de 75 miembros. La Corte de Cuentas auditará su funcionamiento.

Ya está. Ya soy un condenado más por los carceleros de APES. Ahora resulta que decirle a un país que existe un severo problema ético profesional al pedir, esa asociación, una ley que les entregue $687 mil de todos los salvadoreños, es suficiente razón para ser cabecilla de una campaña de difamación y desinformación.

APES aprendió rápido del FMLN. A sus dirigentes se le pegaron todos los males de la intolerancia democrática. El disidente merece lincharlo y llevarlo al “gulag”.

¿Habrá algún director sensato de APES que tenga el coraje de explicarme eso de la desinformación?

Mi único pecado fue escribir 400 palabras para denunciar una violación ética que ninguno de los mejores representantes de APES, ha podido justificar.

¿Acaso no fue eso un ejercicio de la libre expresión dentro de un país democrático? Y entonces, ¡qué carajos dice defender la APES!

Con mi pequeño aporte también cumplí al derecho de todos los salvadoreños a estar informados. Son ellos los que merecían tener dos puntos de vista diferentes para que se formen una opinión.

Si lo que quería APES era pasar una ley, bajo un pacto de silencio, como ocurrió en Argentina, cuando los periodistas obligaron a la aerolínea estatal a venderles los tiquetes a mitad de precio, pues entonces que lo confiesen.

Mantengo mi postura: APES actuó como un grupo de privilegio que no dignifica la profesión de periodista al pedirle un favor a los partidos políticos para que les permita meter sus manos en las arcas del Estado, y llevarse $687 mil para crear un fondo de mutualidad.

Actuó como grupo de privilegio porque es uno de los pocos gremios que tienen un acceso directo a políticos y gobernantes. Incluso, APES se quedó corta. Si piden $7 millones, se los dan. ¿Por qué? Porque quienes maquillan las imágenes de los políticos y los vuelve figuras públicas somos, precisamente, los periodistas.

Y no me opongo a ningún proyecto mutualista. Lo que rechazo, porque es una sinvergüenzada, es usar al Estado como fuente de los recursos.

Prueba de que no estoy equivocado es que APES ni siquiera tiene palabras para defender su torpeza.

Ayes publicó un campo pagado en el que dice que el aporte estatal no es un dilema ético porque “los fondos no provienen de individuos con intereses particulares”.

Eso es, precisamente, lo grave: los periodistas se metieron a asaltar el Estado, tras pedir un favor patrimonial a los políticos. Quieren meter las manos en los bolsillos de todos los salvadoreños. Y pretenden hacerlo como grupo de privilegio.

Tampoco la gente es imbécil para que justifiquen el asalto al recordar que lo mismo hicieron los soldados, abogados y los maestros.

La gran diferencia es que ellos no administran una libertad pública. Tampoco vigilan a los políticos ni están, en primera línea, escrutando los desmanes del poder.