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La nota del día
Todos “concilian” con asesinos

La víctima sabe que al negarse a “conciliar”, por muy grave que haya sido el atropello, le espera algo peor. Procurar “un arreglo conciliatorio” es una de las “garantías fundamentales” de la Ley del Menor Infractor, figura que indirecta pero muy efectivamente fortalece a las pandillas juveniles.

En teoría, con la ayuda del juez, las partes en el problema -el “menor infractor” y sus víctimas- logran un arreglo que satisface a ambas y, además, protege al menor.

Pero la práctica es otra. Nadie en su sano juicio se negará a “conciliar” con un “menor infractor”, conociendo las venganzas y atropellos a los que queda expuesto con su familia. Las “maras”, como cualquier banda criminal, tienen sus propios códigos de conducta, precisamente para mantenerse cohesionadas. Y una de las reglas es que al ser agredido uno, todos acuden en su defensa. Y la defensa en estos casos es tomar venganza contra el que ataca al miembro.

Las “maras” actúan en territorios definidos donde, por lo general, perpetran sus desmanes y fechorías. “Maras” y víctimas comparten iguales espacios, con la diferencia que unos espían, acosan y presionan, mientras los otros tratan de evitar enfrentarse, buscando ponerse a salvo.

Al forzar la “conciliación”, el sistema de justicia coloca frente al delincuente todas las cartas de la víctima, revelando su identidad y la exacta naturaleza de los cargos. El careo equivale a una total identificación por si quedaran dudas de quién es el acusador. Y esa identificación es la base de la represalia, de la venganza.
La víctima sabe que al negarse a “conciliar”, por muy grave que haya sido el atropello, le espera algo peor. Cuando sus hijos quedan solos, o vuelve por la noche de su trabajo, o se queda un fin de semana, tarde o temprano la banda llega y ajusta las cuentas.

Ese “ajuste de cuentas” es la protección de los “mareros” frente a tribunales, encausamientos, policías y las mismas comunidades. El pacto de protección entre los miembros se apoya sobre la represalia y la intimidación, cimentando el clan. La manada ataca cuando una de las fieras es acorralada.

De la “conciliación”, directo al cementerio

Las “conciliaciones” se han prestado para extorsionar gente, cuando una de las partes, y sobre todo al existir litigios mercantiles a los que se da un carácter penal, logra encarcelar a un representante de la contraparte. Entonces, el chantaje es claro: o pagan, o se pudre en la cárcel. El procedimiento equivale, como estiman abogados a quienes se les planteó el asunto, a un secuestro legal, donde el chantajista es apoyado por el sistema para exigir el pago de un rescate. En ocasiones hemos narrado el caso en que un juez de Menores encarceló a una señora madre de familia, para sacarle siete mil colones, coacción que fue posible por la “figura jurídica” de la conciliación.

Lo que es obvio es que la Ley del Menor Infractor, con “conciliaciones” o sin ellas, se ha convertido en una de las principales causas de la violencia en las calles, del desparpajo en que están hundidos muchos menores de edad y de la impunidad en que quedan tantos crímenes, muchos de ellos cometidos contra otros jóvenes. Esta misma semana los jueces pusieron en libertad a asesinos contra quienes nadie testificó, pues hacerlo era exponerse a una “conciliación” y de la “conciliación” ir a parar al cementerio. No cuesta imaginar la clase de sociedad que tendremos en el futuro con tales disparatadas legislaciones.

 

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