Martes 31 de julio de 2001


Temas jurídicos
Reforma de la justicia en España
Francisco Díaz Rodríguez*

El primer martes del mes comenté el "Pacto de Estado para la reforma de la Justicia" (en lo sucesivo PERJ), firmado en España. Pensando en la influencia de ese país en estos asuntos, me comprometí a presentar un resumen. Lo asumo a riesgo de que resulte algo "especializado", y por ello distante de algunos lectores.

"Un esfuerzo profundo de mejora y modernización de nuestro sistema judicial" (...) "conforma un reto de interés general" demandado por "los españoles, comenzando por quienes dedican la vida al servicio de la justicia", es "una auténtica cuestión de Estado", inicia el documento..

¿Qué busca el PERJ? "Que la justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad; que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica". Y para ello, el esfuerzo debe "trascender intereses coyunturales y excluyentes", y asentar sus propuestas en "soluciones integrales y perdurables, con el norte puesto en las necesidades de los ciudadanos y en los desafíos de la sociedad avanzada y democrática española del Siglo XXI".

En nuestro país, impulsar soluciones integrales y perdurables para ese fin, serviría para avanzar hacia la democracia.

De los trece apartados del PERJ, por razones de espacio me limitaré a los cuatro que considero más útiles a nuestra realidad.

Mapa judicial. De acuerdo con el PERJ, se aprobará un nuevo "mapa judicial que permita agilizar y acercar la justicia al ciudadano (...) con criterios que permitan ajustar la organización a la carga de trabajo existente en cada parte del territorio nacional..".

Esta es una medida que podría tomarse aquí casi de inmediato. Se sabe cuáles son las cámaras y los juzgados que apenas tienen carga de trabajo, y cuáles los que literalmente no pueden con la que tienen. Una reubicación física, una modificación de la competencia por territorio o por materia, no implicaría casi ningún costo (financiero), y traería muchos beneficios. Ejemplo: de los diez juzgados de Instrucción de San Salvador, cinco tienen literalmente el doble de carga de trabajo que los cinco restantes por sus competencias territoriales. El desbalance es solucionable con un simple Acuerdo de Corte Plena.

Carrera Judicial. El PERJ apunta a "un nuevo estatuto de jueces y magistrados que atenderá a los siguientes criterios" (me limito a dos ):

"a) Selección objetiva y rigurosa mediante oposición, con pruebas que completen los temarios con disciplinas que se estiman complemento necesario para el ejercicio de la función judicial. Las pruebas deberán valorar la cultura, madurez y capacidad argumental y de análisis del aspirante" (...);

"c) Se consolidará la idea de carrera superando el exclusivo criterio de antigüedad. Se incorporarán criterios de mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad de trabajo, como criterios de promoción, adjudicación de destinos y de mejora en las retribuciones. La entrada en la judicatura tendrá lugar en órganos unipersonales con menor carga de trabajo y sin especialización, estableciendo un tiempo mínimo en éstos" (...) "Se potenciará la labor formadora selectiva de la Escuela Judicial".

En las tareas antes descritas que aquí corresponden al Consejo Nacional de la Judicatura, vamos por el mismo rumbo, en particular en lo que se refiere al Programa de Formación Inicial para jueces.

Principios estatutarios. "Se establecerá un sistema razonable de responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades con garantías plenas de objetivación y respeto a la independencia de jueces y magistrados".

En El Salvador los funcionarios agradecerían un "sistema razonable de responsabilidades" que permita distinguir las propias, de las que deberían corresponder al personal de apoyo.

Oficina Judicial. "Se reformará en profundidad la Oficina Judicial (...) el nuevo diseño se inspirará en los siguientes principios" (cito sólo tres):

"a) Atención de calidad al ciudadano. Se garantizará el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia durante todo el día mañana y tarde" (...);

"c) Se delimitarán claramente las funciones de cada uno de sus integrantes para asegurar el correcto cumplimiento de las mismas". (...);

d) "Se modernizarán los métodos de trabajo (...) Se introducirán técnicas de gestión de personal y de tareas. (...) Se implantarán de manera generalizada el uso de las nuevas tecnologías y se mejorará los medios materiales dispuestos a tal fin".

El compromiso de crear una "Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia", basada en "principios de transparencia, información y atención adecuada", constituye el treceavo y último apartado del pacto reformador. ¿No es tentador?


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